Lo Relativo entorno al cambio de nombre y apellido en Chile

CAMBIO DE NOMBRE EN CHILE

El nombre propio es uno de los elementos de la personalidad que consideramos tradicionalmente como incidentales, así como el apellido o la familia en la que nacemos. El apellido, en particular, se considera tradicionalmente como una extensión de la incidentalidad de la familia en la que nacemos, que no decidimos tener, y este funciona socialmente como un elemento que indica nuestro origen y procedencia. Todo ello, ha provocado que la ley no haya previsto históricamente el cambio de nombre.

ORDEN PÚBLICO Y DERECHO INDIVIDUAL

De la identidad de las personas, subyacen dos elementos doctrinales que pueden entrar en disputa, que desarrollaremos en adelante: el derecho individual de cada persona a ser reconocida socialmente por el nombre de su preferencia, por un lado; y el derecho, mucho más general y abstracto, de la sociedad a tener certeza sobre la identidad de las personas, que es de necesario orden público.

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Ambas nociones, sin embargo, no entran en una contradicción irreconciliable, y el legislador nacional ha logrado sopesar esta contradicción aparente, y nos ha dotado de una ley que logra garantizar el desarrollo y la libertad de elegir de las personas, con el interés y el orden público.

DERECHO A ELEGIR

La Comisión Legislativa de Constitución, Ley y Justicia, pronunciándose sobre el proyecto de la presente ley, estableció que “toda persona tiene derecho a un nombre, el cual constituye un atributo de la personalidad”.

Haciéndonos eco de esta doctrina, si es el nombre un elemento constitutivo de la personalidad, la cual es de libre desarrollo ¿qué puede impedir que un ciudadano, en el libre ejercicio de sus facultades, decida cambiar su nombre? Máxime, si ateniéndonos al cambio de los paradigmas culturales, la información en torno al origen familiar y procedencia de una persona han perdido relevancia social (cuestiones ahora reservadas al ámbito privado de la persona), y por ende, la necesidad del apellido como elemento inalterable de la identidad; con mayor razón, cualquier persona debe tener el derecho a decir la forma en que quiere ser socialmente reconocida.

Los avances en las teorías del libre desarrollo de la personalidad, han abierto esta posibilidad alrededor del mundo; y, desde la promulgación de la Ley 17.344 de Cambio de Nombre, es una posibilidad para todos los chilenos y residentes de todo el país.

Con este criterio, la ley comentada establece en su primer artículo “cualquiera persona podrá solicitar por una sola vez, que se la autorice para cambiar sus nombres o apellidos”. Con ello, el legislador ha reconocido el derecho de toda persona residenciada en Chile a ser oficialmente reconocida por el nombre en que ésta quiere ser llamada; este derecho se extiende también al apellido.

ORDEN PÚBLICO

En el mismo informe de la Comisión Legislativa, se estudió la naturaleza jurídica del nombre; el mismo, si bien es cierto forma parte de la personalidad de todo ser humano, y está sujeto a su libre desarrollo, también es cierto que no es comparable ni análogo a una propiedad, sujeta al libre uso y disposición de su dueño. De esta forma:

«el derecho al nombre constituye un derecho de naturaleza propia, destinado a proteger nuestra responsabilidad, y que sirve, precisamente, para distinguir e individualizar a las personas».

De ello se sigue que el nombre también tiene interés público, en particular: porque sirve para tutelar la responsabilidad de las personas, así como para individualizarlas. Ambas necesidades estrechamente relacionadas, ya que necesitamos individualizar a toda persona, para poder atribuirle derechos y responsabilidades.

Sería, en consecuencia, contrario a toda lógica, y ajeno a todo principio de convivencia social, que nuestros vecinos se cambien de nombre y apellido, así como cambien de ánimo; es por ello que la ley comentada prevé que el cambio de nombre y apellido se “podrá solicitar por una sola vez”.

Es por interés público, y la necesidad de orden social, que ningún derecho es absoluto, ni puede ser ejercido de forma licenciosa y descontrolada. En este sentido, el legislador ha previsto una serie de supuestos, en los que se puede ejercer el derecho a ser reconocido por el nombre con el nombre de su preferencia, en ejercicio de nuestro derecho a desarrollarnos libremente como personas capaces de pleno derecho.

SUPUESTOS DE HECHO

Cómo hemos visto, el nombre de una persona es también un asunto de orden público y de interés social, en el sentido de que debemos tener certeza en la identificación de las personas con las que convivimos en sociedad; del mismo modo, la autoridad y las instituciones públicas y privadas, deben tener un margen de certeza en el conocimiento de sus administrados o clientes.

En este diatriba entre el orden público y el derecho individual, el legislador patrio, en el mismo artículo 1, ha dispuesto una serie de requisitos para el cambio de nombre en Chile:

  1. Cuando sean risibles, o causen menoscabo moral.
  2. Que el solicitante haya sido reconocido por más de cinco años con el nuevo nombre.
  3. Cuando el solicitante quiera agregar el apellido de uno de sus padres, cuando hayan Sido registrados con uno solo.

A pesar de que solo sean tres, es de advertir que no son supuestos cerrados o muy específicos, salvo el tercero. Una buena hermenéutica jurídica, aplicada por un abogado competente, podría advertir que resultan útiles para la mayoría de los casos en que un cliente requiere un cambio de nombre.

 

NATURALEZA JURÍDICA

El procedimiento de cambio de nombre en Chile entra dentro de los conocidos actos judiciales no contenciosos. Es decir que, aunque se realizan ante un juez, no suponen un conflicto con un tercero, ya que en efecto, hablamos del desarrollo de la persona del interesado en realizar el cambio de nombre; por ende, no corresponde a más nadie, sino al interesado, interés en este procedimiento.

El proceso de cambio de nombre solo puede ser realizado mediante los tribunales, como lo establece en artículo 2 de la ley comentada; en desarrollo del artículo 17 de la Ley N° 4.808 el cual establece “no podrán ser alteradas ni modificadas sino en virtud de sentencia judicial ejecutoriada”. Y remitiéndonos a la doctrina legislativa

En estricto rigor, el cambio de nombre en Chile son actos de naturaleza administrativa que requieren de la actuación de un juez por mandato de la legislación vigente. No obstante de ello, el acto judicial, o demanda de cambio de nombre se mantiene como un acto no-contencioso, siempre que no surja un legítimo opositor, siempre que la ley establece supuestos dónde un tercero podrá oponerse, pero estos casos son una excepción determinada por el derecho adjetivo, y no lo normal.

 

PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE NOMBRE

Originalmente, se permitían dos vías de rectificación de partida de nacimiento, una vía judicial y otra administrativa. Pero está vía solo admite la rectificación de la partida de nacimiento en caso de errores, no reconociendo el derecho a decidir de aquellas personas que tienen un nombre diferente al que le fue impuesto de nacimiento.

Estos procedimientos aún se mantienen vigentes, sin perjuicio a los procedimientos establecidos en la más actual Ley 17.344, y serán objeto de análisis.

PROCEDIMIENTO POR VÍA ADMINISTRATIVA

El nos es impuesto al momento de nacer, esto se realiza a través de la presentación que se realiza mediante un trámite administrativo ante el registro civil. Por principio de subsanación de los propios actos, la misma administración pública puede rectificar los errores por ella misma cometidos.

En desarrollo de esta doctrina legal, la Ley 4.808 ya estableció la rectificación de partida de nacimiento por vía administrativa, la cual facilitaba al Director General del Registro Civil a subsanar los errores cometidos en las inscripciones de nacimiento “que se desprendan de la sola lectura de la respectiva inscripción o de los antecedentes que le dieron origen o que la complementan”

Esta vía es idónea cuando la rectificación solo viene a subsanar algún error humano, cometido al momento del registro. Por ejemplo, que una persona aparezca con un nombre distinto en su partida de nacimiento, al de la partida de nacimiento de sus propios hijos.

Esta vía es por vía de la sola administración, y no requiere de la actividad de un juez. Es decir, se práctica ante el Registro Civil, sin necesidad de interponer una demanda de cambio de nombre.

PROCEDIMIENTO VÍA JUDICIAL

Cómo ya hemos comentado, la modificación de la partida de nacimiento, cuando no viene a subsanar un error sino a modificar el contenido de la misma, solo podrá ser realizado mediante la vía judicial “las inscripciones no pueden ser modificadas sino en virtud de una sentencia judicial ejecutoriada”, cómo nos indica la ley 4.808.

En consecuencia, todas las modificaciones sustanciales deberán cumplir con los requisitos antes señalados, en el artículo 1 de la Ley 17.344.

Debido a lo anterior, mal se ha razonado que el cambio de nombre en Chile es limitativo, ya que establecen unas causales determinadas para poderse realizar. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La jurisprudencia de la Corte Suprema, y las decisiones de los Juzgados de Letras que revisan estos casos en Primera Instancia, han actuado en una interpretación bastante abierta e inclusiva de estos causales, especialmente el primero, que establece el “Menoscabo Moral”.

PROCEDIMIENTO POR MENOSCABO MORAL

Si atendemos a la redacción exacta del literal a) del artículo primero de la ley comentada, nos encontramos con que podrá cambiarse el nombre cuando:

“a) Cuando unos u otros sean ridículos, risibles o la menoscaben moral o materialmente;”

Ahora bien, el significado de la palabra menoscabo es un participio que nos remite a la palabra menoscabar, que tiene tres acepciones según la Real Academia de la Lengua Española:

  1. Disminuir algo, quitándole una parte, acortarlo, reducirlo.
  2. Deteriorar y deslustrar algo, quitándole parte de la estimación o lucimiento que antes tenía.
  3. Causar mengua o descrédito en la honra o en la fama.

Por ende, el menoscabo significa disminuir y deteriorar, en nuestro caso, lo que se disminuye o deteriora, lo que se desluce, es la propia imagen de la persona; ya la tercera acepción tiene un significado concreto al caso de análisis: mengua o descrédito a la honra y la fama.

De la redacción de la norma citada ut supra se desprende que la mención de supuestos de hecho concretos que actualizan el deterioro de la propia imagen: nombres u apellidos que resulten ridículos o risibles.

Es evidente que el nombre es algo impuesto de nacimiento, sobre lo que no tenemos control; también está consagrado el derecho a la propia imagen, que en nuestro caso, implica la protección de proteger nuestra honra o nuestra fama, o sea, nuestra imagen pública, del deslucimiento o descrédito, por lo que la ley está previendo que las personas puedan tutelar su derecho a la propia imagen sobre estos elementos que escapan a su control.

El derecho a la propia imagen va algo más allá de una simple valoración moral o abstracta; nuestra imagen pública también determina nuestra posición y desenvolvimiento en la sociedad; con lo cual, la ley señala a tenor literal la afectación material que puede afectar un nombre o un apellido, ya que puede lesionar a la persona, desde su salud psíquica o mental, hasta laboral o económicamente.

JURISPRUDENCIA

Es de advertirse, por consiguiente, que en la misma redacción no se de tiene en la determinación de los supuestos señalados, sino que continúa al establecer que también son causales aquellos que “la menoscabar moral y materialmente”. Lo cual lejos de caer en la redundancia, nos da noticia de una clara intención del legislador se extender este derecho a supuestos no previstos en la ley o en las normas que le den desarrollo.

La forma en que las personas pueden ser afectadas por un nombre o un apellido, son tan amplias que van, desde un nombre que es manifiestamente ridículo o risible, hasta casos de personas que llevan el apellido de un padre ausente; incluso, bajo el principio de no-discriminación, ha sido una de las vías más utilizadas para las personas transexuales y transgénero para tener reconocimiento legal a su expresión de género.

PADRES AUSENTES

De esta forma, encontramos en una muy reciente jurisprudencia del 1° Juzgado Civil de Puerto Montt, el caso de una peticionante que alega nunca haber conocido a su padre, y por ende, ha querido modificar su apellido paterno para colocarse el apellido de su padrastro, alegando mediante su mandante que:

“el llevar el apellido MORALES provoca un menoscabo en su persona, toda vez que como señalo anteriormente, nunca conoció a su padre biológico

Así mismo, su abogado argumentó que “la presente solicitud tiene su fundamento exclusivamente en una genuina proyección del derecho a la identidad”.

Con ello, tenemos a una persona que no ha conocido a su padre, que el mismo ha estado ausente, y que por ello, llevar su apellido le causa menoscabo en su persona, tal que la habilita legalmente para solicitar el cambio de ese apellido por otro, como una legítima tutela del derecho de identidad; este autor agregaría el derecho a la tutela y desarrollo de la propia imagen, toda vez que tiene ella el derecho a ser socialmente reconocida por el apellido de aquella persona que reputa por su propio padre.

En este caso, la corte falló que “se estiman suficientemente acreditadas las circunstancias esgrimidas en el precepto legal invocado, esto es, la letra a) del artículo 1 de la ley 17.344”.

Otro caso reciente, proveniente del 3º Juzgado Civil de Viña del Mar, nos habla de una demandante que, aduciendo los mismos supuestos de hecho y de derecho, se actualizaría el supuesto del literal a) del artículo 1 de la ley en comento; en esta ocasión, la solicitante peticionaba la eliminación del apellido paterno, quedándose con su apellido materno, y el apellido de sus abuelos, que la criaron. En esta ocasión, el tribunal estableció que se actualizaba el supuesto legal invocado.

GÉNERO

El supuesto de padres ausentes es el más común en la Jurisprudencia. Sin embargo, el desarrollo progresivo que ha tenido la ley en la Jurisprudencia, ha llevado a que se interprete el literal a) del artículo 1 de la ley comentada, en favor de las personas LGBT+.

Así nos lo ilustra una jurisprudencia proveniente del Juzgado de Letras de Molina del año 2018, en la cual, una persona de sexo biológico masculino solicitó el cambio de su nombre por uno de connotación femenina, en este caso, de Fabián Humberto por Emy, así como el cambio de sexo masculino a femenino alegando que:

“toda su vida se ha identificado como mujer, desde su infancia se ha sentido y comportado como tal [además] se siente discriminada cuando acude a algún servicio público o en otras actividades y le llaman por su nombre masculino”.

De estos supuestos de hecho, se sigue que la persona transexual o transgénero se siente discriminada, o más bien, dañada moralmente por recibir un trato diferente al que exhibe públicamente, lo que sería una lesión objetiva a su derecho a la propia imagen.

La demandante sostiene su demanda en el literal b), sin embargo, la corte estimó que además “reconocer al solicitante con su nombre actual”, cuando ha procurando siempre tener la apariencia de una mujer, “resulta ridículo, risible y lo menoscaba”. Por ende, consideró la corte que se actualizaba, tanto el literal a) como el b) del artículo 1 de la ley citada.

Adicional a ello, como “esta normativa no permite imponer un nombre equívoco respecto del sexo”, la corte resolvió conceder tanto el cambio de nombre, como el cambio de sexo de la peticionante.

MENORES DE EDAD

Los menores de edad no quedan excluidos del derecho a rectificar su partida de nacimiento. De hecho, es más común de lo que se imagina, ya que los niños suelen ser crueles, y aquellos niños con nombres extraños o risibles pueden ser víctimas de bullying en su entorno social o escolar.

Es decir, los niños y los menores de edad como los adolescentes, son una población mucho más susceptible de sufrir por un nombre que le menoscabe moralmente, causándole través secuelas psicológicas y en su desarrollo psicosocial. Por ello, es posible realizar un cambio de nombre para menores de edad en Chile, siempre que se cumplan los mismos causales ya desarrollados.

JURISPRUDENCIA EN PADRES AUSENTES

En la práctica profesional, la gran mayoría de los casos de cambio de nombre para menores de edad son de madres o padres que llaman para eliminar o sustituir el apellido paterno de un niño con un padre ausente.

En efecto, el no cumplir con las obligaciones que la moral y la ley exige a los padres, actúa en grave perjuicio moral a los niños; quienes a la larga, acaban perdiendo toda vinculación emocional con el apellido que les ha sido impuesto, y desean cambiarlo, generalmente, por el de su nueva figura paterna.

Tal es el caso de una Jurisprudencia proveniente de 1º Juzgado Civil de Valparaíso, en el cual comparece una señora, en representación de una menor de 16 bajo su cuidado, alegando que esta cuida de ella “desde muy pequeña, porque su madre biológica la abandonó […] cuando ella sólo tenía 9 meses de vida”. Y que “junto a su cónyuge han criado y entregado desinteresadamente los cuidados necesarios a Anaíz”.

Bajo estos supuestos de hecho, el juzgador estimó que, en efecto, la solicitante ha sufrido un menoscabo moral, lo que actualiza el supuesto del literal a) del artículo 1;  y en consecuencia de ello, se dió con lugar la demanda y se ordenó la rectificación.

Es necesario añadir que esto no modifica la filiación, sino que es un cambio meramente estético. Ya que lo que se busca es modificar la forma en que alguien es públicamente conocido. Los padres seguirán siendo los que aparecen en la partida de nacimiento, y no se pierden los derechos sucesorales ni de herencia; a pesar de ello, genera alivio y alegría para quienes quieren reconocerse socialmente con el apellido de su verdadera figura paterna.

ASUNTOS DE GÉNERO EN MENORES DE EDAD

Este es un tema harto delicado, y por demás polémico. Pero más allá de la polémica, lo cierto es que la jurisprudencia chilena reconoce el derecho de los menores de edad a ser reconocidos por su identidad de género. Esta es una decisión que debe ser tomada con suma seriedad, tanto por representantes como por el juez, ya que es un procedimiento que solo se puede realizar una vez en la vida.

En este respecto, tenemos la Jurisprudencia del 20º Juzgado Civil de Santiago, del año 2018, en el que comparece una madre, representando a su hijo, a fin de rectificar el nombre y el sexo de su hijo, fundamentándose en:

“una condición de salud en la cual la diferenciación sexual a niveles neurológico y anatómico no se corresponden, dicha condición es también conocida como transexualismo o disforia de género, la cual es de carácter irreversible”.

Además, esgrime como elementos probatorios, pericias psicológicas y psiquiátricas aplicadas al niños a fin de determinar su condición sexual. Esto, con el objeto de sentar la convicción en el tribunal de que no es una “etapa” sino una condición objetiva que no va a revertirse.

Queda establecido para este juzgador que:

“se ha acreditado suficientemente en autos que Nicolás Alberto Mercado Carmona aún cuando aparece inscrito con sexo Masculino, siempre se ha identificado con el género femenino, siendo conocida como tal, vistiéndose y presentándose así”.

Con este criterio el tribunal pasa a decidir que hay lugar a la demanda y procede a ordenar la rectificación, quedando así como “NICOL ANDREA TOLEDO CARMONA, de sexo FEMENINO”.

PROCEDIMIENTO POR SER RECONOCIDO CON OTRO NOMBRE

En este supuesto establecido en la ley en comento, no existe esa dialéctica o lucha entre el orden público y el derecho a decidir. Más bien se conjugan, ya que la persona que se ha dado a conocer por otro nombre, durante más de cinco años, es del interés de ser reconocida legalmente con el nombre que usa; tanto como es del interés del Estado y de la sociedad mantener una coherencia sobre el conocimiento de los individuos que viven en ella.

El legislador ha querido partir de la doctrina de los hechos consumados, con lo cual, la ley y la realidad; el Estado y el administrado, van de la mano en el mismo interés. Mediante este supuesto, más bien, no se hace sino reconocer la existencia de un hecho y oficializarlo.

Hay que añadir, que cuando se modifica el apellido, al igual que en los otros supuestos, cambia automáticamente el apellido de los hijos menores de edad, y para que haga efecto sobre los hijos mayores de edad, estos deberán dar su consentimiento.

JURISPRUDENCIA

Podemos encontrar Jurisprudencia en el 15º Juzgado Civil de Santiago, sentencia del año 2020. En la cual, compareció al tribunal una mujer, con el objeto de modificar su nombre, de Carmen Alejandra a Alejandra del Carmen; a través de su abogado, sostuvo su demanda en que:

“nunca ha usado su primer nombre, y que tanto su familia, amigos y compañeros de colegio y universidad, además de sus profesores y en general, todas las personas con las que se relaciona, la conocen como Alejandra Bunger Rebolledo

Con este supuesto, la demandante busca generar convicción en el tribunal de que se actualiza el supuesto del literal b) del artículo 1 de la Ley 17.344; esto es, que es socialmente reconocida por un nombre diferente al que figura en su partida de nacimiento. Siendo está realidad social, a tenor de la misma ley, suficiente para sin necesidad de alegar menoscabo moral, poder realizar la rectificación de partida de nacimiento.

En consecuencia, una vez presentadas las pruebas testimoniales exigidas, para dar crédito a lo alegado por el peticionante, el tribunal consideró que “habida consideración de configurarse, en la especie, la causal prevista en el literal b) del inciso segundo del artículo 1° de la Ley 17.344”; con lo cual, dio orden al Registro Civil de realizar la modificación de la partida de nacimiento “quedando en definitiva la solicitante como Alejandra del Carmen Bunger Rebolledo”.

JURISPRUDENCIA RESPECTO DE MENORES

En menores de edad, el supuesto se cumple igual que con los adultos; así se desprende, por ejemplo, en Jurisprudencia del 1º Juzgado de Letras de Copiapó. En la misma, se presenta una madre, representada por su abogado, en nombre de su menor hijo. El objeto de la demanda ha sido la rectificación de la partida de nacimiento, para obtener el cambio de nombre del menor de edad.

Esta, justifica su pretensión en que el menor “no ha tenido relación alguna con su padre biológico”. Esto, cómo ya hemos visto, es causal suficiente, cómo hemos desarrollado en el supuesto del literal a) de la Ley 17.344, habida cuenta de que la no relación con el padre genera menoscabo moral.

Sin embargo, la demandante agrega que su nueva pareja sentimental ha tratado al menor como su propio hijo y que “se ha presentado ante la sociedad, amigos y familiares por más de 5 años”.

Con ello, queda en evidencia que la estrategia procesal seguida por su abogado, ha sido conducirse, en lo principal, mediante la doctrina de los hechos consumados, presente en el literal b) de la comentada norma, y no en la doctrina del menoscabo moral, del literal a); para hacer prevalecer el hecho social y evidente de que el menor ya es conocido en la sociedad y en su círculo íntimo por el apellido de su padrastro.

El tribunal, habiendo examinado los hechos, así como el derecho aducido, y habiendo entrevistado al menor quien manifestó su deseo de querer llevar el apellido de quién considera su padre, y que ha usado durante más de cinco años, el tribunal decidió en favor del demandante y ordenó la modificación de la partida de nacimiento del menor en los términos solicitados.

JURISPRUDENCIA EN ASUNTOS DE GÉNERO

Las personas transgénero y transexuales han podido también reivindicar por esta vía sus derechos fundamentales. Máxime, siendo que el género conlleva más elementos de hecho cualquier otro: pronombre, nombre, expresión, vestuario o performance. La permanencia en el tiempo de estos hechos, también actualizan el literal b) de la Ley 17.344.

Y es que las personas trans, socialmente se presentan y son conocidas dentro de su entorno cercano tal y como se sienten: se les llama por el nombre que deciden, se les llama mediante el pronombre que les resulta más cómodo, etcétera. Todos estos supuestos generan una realidad social ineludible para el derecho y para la administración pública.

En este tenor, encontramos la sentencia del año 2018, emanada del 2º Juzgado de Letras de Iquique. En el referido caso, se presenta una persona mayor de edad, biológicamente de sexo masculino, que interpone demanda con la pretensión de cambiar su nombre y su sexo, a aquél que ha usado por más de cinco años.

Sustenta en los hechos que “ha sido conocido por la sociedad como hombre y por el nombre de Thomás Emiliano Soto Díaz, hace más de 5 años”; con el hecho esgrimido, busca alegarse que se cumple el supuesto de hecho del literal b). Y continúa “debido a que presenta una condición denominada disforia de género o transexualismo”; con ello, pretende dar razón suficiente o convicción, a la sana crítica del juzgador, de la idoneidad de los hechos.

De esta suerte, el juzgador declara con lugar la demanda, procediendo a ordenar la modificación de la partida de nacimiento. Igualmente, debido a que no puede haber una desconexión entre el nombre y el género, también se ordena colocar el sexo femenino en la rectificación.

 

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